Opinion

“NI TANTO QUE QUEME AL SANTO, NI TAN POCO QUE NO LO ALUMBRE” Dicho Popular.

Por: José Oscar González Hernández. Se desempeñó como Alcalde de Pensilvania, Diputado a la Asamblea de Caldas, Personero de Manizales.

05 diciembre 2019

Después de todos los agites vividos hace ya más de un mes, en las elecciones regionales para autoridades municipales y departamentales, creo yo, les ha quedado un sabor agrio a muchos dirigentes políticos que perdieron las elecciones pasadas. Se puede concluir que en nuestro departamento siguen mandando los mismos; unas veces con candidatos propios, otras veces apoyando y otras en cuerpo ajeno. Pero de los hechos para destacar está lo ocurrido en las alcaldías de Manizales y Pensilvania y la gobernación del departamento. Por ser unos hechos tan importantes los analizaremos en una próxima oportunidad, a más espacio.

Hoy queremos mirar que fue aprobado en el Senado de la República, Comisión Primera, el proyecto de ley que el pueblo ha llamado la “ley Andrés Felipe Arias”. Debemos recordar que con dicho proyecto se busca en forma retroactiva que todos aquellos funcionarios gubernamentales que no gozaron de la segunda instancia en sus procesos y fueron condenados, se les autorice para pedir su revisión del proceso.

Aprobar dicha ley en forma retroactiva es abrir una caja de pandora. Según los cálculos de los analistas dicha ley beneficiaría a 225 personas más o menos. Nos dicen que las leyes deben ser generales, es decir, no deben tener nombre propio, fuera de las leyes de honores; pero para todo el mundo esta ley tiene nombre propio y es el ex ministro Andrés Felipe Arias, el beneficiario. Recordemos que al señor Arias lo condenó la Sala Penal de la Corte Suprema a 17 años.

Según el diario el Espectador dicha ley “beneficia a todo aquel con una condena en única instancia o que haya sido absuelto en primera y condenado en segunda instancia entre 1991 (cuando se promulgó la nueva constitución) y 2018 (cuando se aprobó la segunda instancia para aforados), también podrían favorecerse”.

Para esta ley con nombre propio hay que dejar en claro que todos los tratadistas del derecho penal están de acuerdo con que los aforados tengan una segunda instancia; pero la gran mayoría de ellos al no estar de acuerdo con dicha ley, clarifican que cuando los juzgaron, la ley que imperaba en nuestro régimen penal era que a los aforados se les juzgaba por una sola instancia por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema. A mi criterio como las reglas del juego eran esas, a ellos no se les ha violado ningún derecho. Hoy el país se ha puesto a tono y se creó la segunda instancia para aforados según los pedidos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas y la misma Corte Constitucional.

Si los que acudan a solicitar la segunda instancia y resulten vencedores allí, es decir, los declaren inocentes podría estallar una lluvia de demandas contra el Estado y se ve venir un desbarajuste institucional.

Si dicha ley es aprobada tendríamos que del proceso 8.000 tenemos a 26 congresistas, por la parapolítica a 70 parlamentarios y los de la yidis política a 3.

Esperamos que estos anuncios de desbarajuste institucional no se cumplan, pero a pesar de todo miramos con mucho recelo dicha ley de llegarse a aprobar.

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