Opinion

“Cada loro en su estaca”

17 septiembre 2019
Por: Mario arias Gómez

Con la conciliación, culminó el trámite del acto legislativo que determinó que el control fiscal se ejercerá en forma posterior y selectiva, que podrá ser preventivo y concomitante, ‘excepcional ‘, ‘no vinculante’, realizado en forma de advertencia al gestor fiscal, de modo que garantice la defensa y protección del patrimonio público; quedando atrás el decimonónico que mantuvo amarrada la Contraloría, armonizado con las competencias de las contralorías territoriales, cuyo períodos serán de cuatro años, no coincidentes con los de alcaldes y gobernadores, elegidos de ternas conformadas por quienes obtengan los mayores puntajes en convocatorias públicas.

Substancial innovación, que intentaré sintetizar, no sin antes felicitar al aplicado padre de la criatura, Carlos Felipe Córdoba, solventada en tiempo récord, luego de batirse como un león, con la soberbia élite de Cassandras, agrupadas en el Consejo Gremial, precedido por Jorge Enrique Bedoya (SAC), cuya vocería asumieron, las avezadas y vapuleadas aves de paso: Humberto Botero (Fasecolda), Sergio Clavijo (Anif). Raposas jurídicas que enfadadas orquestaron la articulada defensa de los innombrables, demudados, proficuos y solapados intereses corporativos.

Fraguadas, inaprensibles críticas, que dejaron al descubierto su prejuicio, recelo al remozamiento fiscal, que como indudables ‘gestores fiscales’ -conexo al manejo del peculio público- los hace sujetos de control y vigilancia.

Sepulcros que, al condenar de dientes para afuera la corrupción, lo hacen viendo “la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”. ‘Hombres necios’ inquiridos por Sor Juana Inés de la Cruz: ¿O cuál es más de culpar, / aunque cualquiera mal haga: / el que peca por la paga / o el que paga por pecar?

Fariseos que censuran la degradación externa, disculpando la que los distingue, razón de la desaprobación del aggiornamiento fiscal que propende por afinar las herramientas que permitan la titánica lucha emprendida contra el ‘cvy’, soborno, cohecho, incrustados en la Administración. Reingeniería que demanda ingentes arbitrios para habilitar la optimización, el fortalecimiento de la Contraloría, mediante una mayor logística: informática, metodología, tecnología; ampliación del recurso humano, con personal capacitado, técnico, que reemplace a los ‘toderos’; que prevengan, eviten el robo de los haberes de la salud, agua potable, alcantarillado, alimento infantil, educación, vivienda.

Se estima que del presupuesto -del que se fiscaliza el 29 %- se esfuma, vía contratación, un 62 %. Hurto valorado por el excontralor Amaya, en $50 billones, de los cuales se recupera apenas el 0,04 %. Desamparo institucional que reclama a grito herido correctivos, que excluyan engorrosos, caóticos procedimientos -que abonan la corrupción, amarran al organismo- concomitantes -repito- con el ‘control preventivo, de advertencia’, que no vinculante, de carácter excepcional, sin pretensiones coadministrativas.

Reforma que permitirá el seguimiento en línea y en tiempo real la contratación; generar alertas tempranas que adviertan, impidan los inminentes daños, perjuicios fiscales. La ley (de carácter estatutario), reglamentará, solventará, aclarará las inquietudes suscitadas, fijando los criterios objetivos que delimiten la establecida acción de ‘excepcionalidad’.

Resalto la cruda prescripción del diligente senador, Jorge Enrique Robledo, cuyo partido -recuerdo- no secundó la elección del Contralor: “Es evidente que en la nación se roban unos 50 billones al año de recursos públicos. Corrupción que se da en la empresa privada como en la pública. La Contraloría es una entidad débil, sin la capacidad humana, técnica para atender los dineros que tiene que controlar. No posee los dientes legales para proceder como le corresponde; hay un problema de falta de normas”.

Penosamente no pasaron -por soberana decisión del Congreso-: el ocaso de las Contralorías regionales; el concurso de méritos, limitante de la politización; enmiendas planteadas en el proyecto original. También se hundió la foránea, impensada, estorbosa junta directiva propuesta por la entrometida cúpula gremial, endosándole competencias que la constitución y la ley confieren al Contralor, subordinado inmemorialmente a la ´Comisión legal de cuentas’ de la Cámara de Representantes.

Intocables narcisos, bullosos loros: -Bedoya-Botero-Clavijo-Perry-Montealegre-Rueda (lora), que fueron puestos -cada uno- en su estaca, por el irreductible Contralor, lo cual me releva de ahondar, ponderar las bondades del ‘Acto Legislativo’ aprobado, a disgusto de la asolada, insufrible y prepotente cofradía precitada, a la que los colombianos, no le compraron su falsa creencia, de que la Contraloría estaba para cuidarles la espalda. ¡Mamola!

Su persuasivo timonel, reivindicó -para bien- el ‘control de advertencia preventivo’ -que no ‘previo’-; habilitó el control efectivo, contrario al tardío (hasta ahora reinante), que permitió a los saqueadores, insolentarse, antes de ser enjuiciados.

Presea que sin duda -duélale a quien le duela-, es la cuota inicial de una verosímil, esperada candidatura presidencial.

18/09/2019
http://articulosmarioariasgomez.blogspot.com.co/30

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