EDITORIAL
Ya ha transcurrido casi un mes de la inscripción de candidatos para Autoridades Locales en las elecciones del 27 de octubre de 2019, y son muchos los candidatos a quienes la Dirección de Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, no les define la validación de las firmas presentadas por sus Grupos Significativos de Ciudadanos.
Sobre el proceso de revisión de estas firmas hay muchas teorías. Mientras que la Registraduría defiende su labor y asegura que lo hace una a una, otros dicen que la tendencia es invalidar al bulto, entre el 35 y el 50 por ciento de las presentadas por cada candidato.
Otra teoría dice que las autoridades electorales pretenden invalidar el mayor número de firmas posible para desincentivar esta forma de participación ciudadana hacia el futuro y obligar a que quien desee postularse lo haga con el aval de uno de los Partidos legalmente constituidos.
La realidad no la sé. Lo que sí es claro es que en algunos de los procesos invalidados han existido irregularidades comprobadas, esto es, firmas anuladas sin razón para ello.
En tres casos concretos en Caldas se ha presentado esto: Fabio Arias para la Gobernación, Jhon Alfredo González candidato a la alcaldía de Manizales y Cristian Henao a la de Villamaría. Han hecho las respectivas reclamaciones y la Registraduría no les ha respondido.
En el caso de las firmas presentadas por Jhon Alfredo González del colectivo CREO, le invalidaron las de algunos miembros de su equipo de trabajo, lo que es ilógico porque son personas comprometidas con este proyecto. Otras fueron invalidadas aduciendo que no se encontraban en el censo electoral. Se verificaron y se comprobó que sí aparecen y han participado en los últimos procesos electorales en Manizales. Eso es inentendible.
La iniciativa de participación ciudadana consistente en la recolección de firmas para la inscripción de candidatos ha recibido muchas críticas porque es considerada ventajosa para quienes lo hacen porque tienen hasta seis meses de ventaja en campaña a sus contrincantes.
Desde el punto de vista de la mecánica para la revisión de las firmas, la Registraduría necesitaría miles de funcionarios dedicados única y exclusivamente a esta labor porque son cientos los candidatos y millones las firmas acreditadas para revisarlas en tiempo récord. De ahí que se puede suponer la inexistencia de rigurosidad y precisión en esta labor.
Ante esto, no tiene objeto la existencia de este mecanismo de participación ciudadana porque la misma Registraduría está acabando con ellas.
Manizales, agosto 25 de 2019.
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