Por: Hernando Arango Monedero, empresario, ingeniero y abogado. Se desempeñó como Representante a la Cámara, Alcalde de Manizales y Director General del SENA.
Como si al país le faltaran asuntos por los cuales entablar diatribas y temas para dividir opiniones y hasta para insultarnos, el caso del uso de herbicidas o no, para controlar los cultivos de cocaína y otras “yerbas”, nos tiene hasta la coronilla.
Claro está que unos y otros miden los medios para el control de estas plantaciones en términos de “riesgo”, como quiera que se alega de parte de los enemigos del Glifosato, que este producto es potencialmente canceroso y agregan que, en algunos países, se ha prohibido su uso por tal razón, fundamentados en estudios de algunas entidades especializadas. En contra de este argumento, se arguye que el producto, bajo otros nombres, se utiliza en la agricultura desde hace muchos años, sin que hasta ahora se tenga noticia de que el cáncer sea una consecuencia de ello. Es más, algunos sostienen que, de no aplicarse este tipo de herbicida, la productividad de la agricultura en el mundo se bajaría en el orden del 30%.
Pero también se argumenta que el uso de Glifosato perjudica otros cultivos, cosa que es cierta, y que esta es razón suficiente para no usarlo, a más de que los campesinos de las zonas que sean asperjadas sufrirán las consecuencias de su utilización, dado que la fumigación se hace con uso de aviones o de helicópteros, lo que infesta el ambiente y el aire que es respirado en la zona. Esto es reconocido por las mismas autoridades, por lo que no se permite su uso en zonas limítrofes con otros países o en cercanías de acueductos o reservorios acuáticos.
Quienes propenden por el uso del Glifosato argumentan que su uso hace más efectiva la lucha contra el cultivo de estupefacientes y conlleva menos riesgos para quienes están comprometidos con el control de estas plantaciones. De hecho, el procedimiento de erradicación manual que han adelantado en los últimos años las autoridades, tiene en su haber una gran cantidad de hombres que han muerto o que han quedado lisados a causa de las bombas antipersona que son sembradas como método disuasivo y como escoyo para que el proceso no se adelante.
Claro que hasta donde se alcanza a entender, el pro y el contra de los métodos para el control de las drogas, se viene midiendo en términos de vidas. Unos, que protegen las vidas de los habitantes de la zona y la de los cultivadores de la droga. Otros que ven en las muertes de los erradicadores y en las personas que quedan lisiadas de por vida, el gran costo para la sociedad.
No obstante, nunca hemos oído que se contabilicen las vidas que se sacrifican en el tráfico de la droga y su posterior uso por una población que cae en la esclavitud del vicio. Tampoco se agrega el costo en vidas, en bienestar y en afanes, de las personas que rodean la maldición de la droga en todos los ámbitos que toca, llámese: cultivo, procesamiento, transporte, comercialización y vicio.
Aquí, cuando se establece la dimensión del daño social de este mal, las consideraciones tienen que ser otras y las medidas a tomar tendrán que ser extremas. Alguien ha llamado a este proceso “guerra”, pero a la vez que le llaman “guerra”, para su manejo no se asume lo que el vocablo impone, pues si la “guerra” es llevada por la contraparte sin limitaciones de ninguna clase, es razón suficiente para que, quienes asumimos que es un mal social, aboguemos porque se la combata con las más extremas medidas, las de cárcel y con máximas penas para el que cultiva, procesa, transporta y comercializa, y con tratamientos drásticos y suficientes para quien ha caído en el vicio y esclavitud.
Ah! ¿Y que la educación es la vía? Posiblemente lo sea y hay que buscar por ese medio prevenir. ¿Y que el Estado debe atender las zonas en las que se cultiva? También, pero debe entenderse que los pobladores de esos territorios afectados no siempre han vivido de cultivar la droga y, en otros tiempos, vivieron de otros cultivos. Cultivos y quehaceres a los que deben retornar.
Manizales, junio 28 de 2019
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