Opinion

POR FIN

Por: Hernando Arango Monedero, empresario, ingeniero y abogado. Se desempeñó como Representante a la Cámara, Alcalde de Manizales y Director General del SENA.

24 mayo 2019

La verdad es que para nada me sorprende el fallo que ha proferido la JEP para el caso de alias Santrich. Es más, lo esperaba y tengo que decir que lo deseaba. Por favor, no se sorprenda amigo lector.

La verdad es que la JEP se la ha pasado de vacaciones y de ella no hemos visto más que los pequeños o grandes escándalos relacionados con los fiscales y la compra de potenciales decisiones a vendedores que nada tienen que hacer ante jueces y magistrados. Tampoco nos han extrañado los nombramientos de personajes relacionados con magistrados en una especie de nepotismo que para nada cambia las costumbres del país y menos de las cortes y de los funcionarios como el Fiscal, el Contralor o el Procurador, posiciones a las que se accede en el dame que yo te daré, que desde los romanos se da en todas las actividades. “Deu Ut Des”.

Tampoco me espanta el que quienes critican estos procederes, y a todo se oponen, estén complacidos con que en ellos se dé, tal y como es el caso de la esposa del senador Iván Márquez. ¡Bendito sea!

Lo cierto es que, no hace muchos días, está fresco el resultado en el Congreso del estudio de las objeciones por inconveniencia que realizó el señor presidente al Estatuto de la JEP. En esas objeciones se encontraba la que establecía con claridad a la JEP sólo el estudio de las conductas penales de quienes a ella se sometían, y que habían dado con anterioridad a la firma del Acuerdo, de tal manera que, si el acto delincuencial se había producido después de la firma del Acuerdo, el asunto era de competencia de la Justicia Ordinaria. Ahora, la disposición de la Sala correspondiente de la JEP fue más allá y no sólo “no pudo” establecer la fecha de la comisión del delito, sino que dispuso la libertad inmediata del encausado. Y pongo entre comillas el “no pudo” establecer la fecha de la comisión del delito, pues no escucharon en los videos que alias Santrich habla de que se encuentran a UN MES de elecciones, fecha que es cierta, diáfana e inconfundible y que precisa el hecho para el mes de febrero de 2018, un mes antes de las elecciones de Congreso, no antes ni después. Definitivamente hay peor sordo que quien no quiere oír y eso le sucede a la Sala de la JEP.

Pero sabiendo ya que la JEP no está decidida a actuar conforme a Derecho, es bueno establecer que la Sala correspondiente se tomó un año para llegar a la conclusión a la que llegó, tiempo que debió tomarse para oír una y otra vez lo que en el video se entregó como prueba. Un año con los costos inherentes a toda la parafernalia que se trae esa nueva rama de nuestra Justicia. Un año para este parto de los montes. Un año para que los colombianos podamos POR FIN saber a qué atenernos en realidad con este monstruo que nos montaron unos extranjeros ante la mirada advenediza de algún exmagistrado y uno que otro abogado obsecuente a los dictámenes del chapetón. Ahora, sólo nos queda como país, mirar con detenimiento lo que tenemos entre manos y buscar los medios y los consensos que se requieran para poner las cosas en su lugar y salvar a la JEP con lugar y misión definida y clara. Eso es inaplazable.

De otra parte, para algunos la renuncia del Fiscal es casi que un trofeo y lo único para tener en cuenta. Estimo que lo del Fiscal es casi que superfluo ante la magnitud de lo que en la JEP se ha producido. La EXTRADICIÓN está en vilo, más cuando ya sabemos que algunos extraños han llegado a la JEP a pedir ser acogidos por ella. Extraños con una cola inmensa de crímenes contra la sociedad y contra la humanidad por su historial de narcotráfico. Extraños que hasta hoy se han logrado detener, algunos por intervención del Comisionado para la Paz, atribución que también le ha sido restringida en el Estatuto para la Paz y que fue objeto glosa de inconveniencia del presidente. Allí otro clavo que hiere el proceso de paz, proceso que es necesario salvar y que debemos depurar por el bien del sistema judicial del país, de las víctimas y de la credibilidad de todos en él.

Manizales, mayo de 2019.

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