Por: Oscar González Hernández. Se desempeñó como Alcalde de Pensilvania, Diputado a la Asamblea de Caldas, Personero de Manizales.
16 mayo 2019
En nuestro país salimos de un sobresalto y ahí mismo aterrizamos en otro. El tema esta semana ha sido el retiro de la visa americana a varios magistrados, dos de la Corte Constitucional y uno de la Corte Suprema, sala penal.
Primero hay que decir que la visa es una gracia que concede un país a un ciudadano para que lo visite. Lo anterior quiere decir que si cualquier país le quita la visa a quien ya se la había otorgado, está en todo su derecho porque yo invito a mi casa al que yo quiero y punto.
Fuera de la anterior salvedad hay que hacer un recuento de hechos vividos en las cortes por diferentes circunstancias. Parecían que estaban chuzados sus teléfonos, insultan a las cortes en las redes sociales, Estados Unidos les retira el apoyo económico a través de los convenios y por último les quita la visa a varios magistrados. De lo anterior se deduce que unos magistrados no tengan visa eso no afecta a nadie, ahí estamos de acuerdo con la mayoría de las personas que piensan asi. Pero la gravedad del asunto es que le quitaron la visa a unos funcionarios del Estado Colombiano y debemos tomar al Estado como un todo, con sus órganos y todas las entidades.
Pero el gobierno colombiano nos dice que es respetuoso de las decisiones de los demás Estados y no más. Pero hay que recordarles al señor Duque y todos sus asesores, incluyendo al Canciller, que si unos días atrás se opusieron que la JEP solicitara una audiencia informativa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ser parte del Estado, en este mismo sentido se debió pronunciar con la suspensión de las visas a los magistrados, porque el sistema judicial también hace parte del estado.
Indagando sobre los motivos para que los Estados Unidos iniciara las presiones a distintas organizaciones del Estado tenemos que se debe decidir las objeciones a la JEP en la Constitucional, la Suprema niega extradición de un ciudadano porque ya había sido condenado en nuestro país por esos hechos, tiene además la suspensión del Fiscal Martínez en dos casos de Odebrecht y además la Constitucional tiene que decidir sobre un artículo en la ley de infraestructura que hace que sea retroactivo a la hora de reconocer generosamente inversiones a concesionarios de obra pública en contratos anulados.
No se nos olvide que el Fiscal General de la Nación protege su pellejo en los sobornos de Odebrecht y el grupo Aval del cual fue su defensor.
Que podemos pensar de un embajador americano que nos humilla la soberanía nacional y nadie sale a defendernos.
Al momento de estar escribiendo esta columna llega la noticia que el señor Fiscal Martínez renuncia irrevocablemente a su cargo por dignidad. Que grata noticia que el señor fiscal tenga dignidad, porque en el caso de Jorge Enrique Pizano (JEP) no la tuvo.
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