Opinion

ALCAHUETERÍA

EDITORIAL

Ayer sábado se anunció el levantamiento de La Minga Indígena que tuvo paralizado el sur occidente del país durante 27 días causando graves perjuicios y afectaciones económicos a una región donde viven aproximadamente dos millones de personas. Ciudades como Popayán sufrieron el rigor de la protesta y estuvieron asfixiadas durante estos días mientras que los líderes de la protesta amenazaban con tomársela.

El balance es fatal de acuerdo con las cifras entregadas por el Ministro de Hacienda: 70 mil millones de pesos en pérdidas en tres departamentos, 12 víctimas mortales y la posibilidad de la infiltración grupos armados y la injerencia del gobierno Maduro.

Los costos de las exigencias de los indígenas eran exorbitantes: 4.6 billones de pesos. Finalmente se tranzaron por 823 mil millones de pesos, casi un billón, equivalentes a más del 10 por ciento de la última reforma tributaria. Para tener una idea de lo desproporcionado de estos recursos, los alivios para los cafeteros son de 100 mil millones.

De esos 823 mil millones, 700 mil irán directamente al CRIC Cauca, a los indígenas de Caldas le correspondieron 64 mil millones, a los del Huila 36 mil millones y el sobrante, 23 mil millones, para los campesinos.

Las protestas indígenas se están convirtiendo en un verdadero problema para el país. Seguramente muchas de ellas son válidas como el asesinato sistemático de líderes sociales. Sin embargo, ello no justifica el exceso como los bloqueos de las vías, el aislamiento de poblaciones, la tolerancia ante la infiltración subversiva, y la protección de los vándalos que destruyeron la señalización vial, la gavionería y dinamitaron las carreteras.

Olvidan los indígenas que el resto de población también tiene derechos que se tienen que respetar, y que los de ellos terminan donde empiezan los de los demás.

De la misma forma vehemente como protestan, deberían permitir el auditaje de los billones de pesos que el Estado Colombiano les ha girado en los últimos años y que no han arrojado los resultados esperados en alivio de la pobreza de estas comunidades y la atención básica. Es un hecho real y cierto que dentro de las comunidades indígenas también existen mafias para el manejo de los recursos económicos, corrupción y malversación de recursos.

Los indígenas se han convertido en un Estado independiente dentro del Estado Colombiano. A sus territorios no pueden entrar las autoridades legalmente constituidas ni ejercer sus funciones. Por ejemplo, en materia de educación, los maestros que se nombren tienen que ser postulados por ellos. El Gobierno Nacional perdió competencia y mucho más los organismos de control.

Su afán por obtener tierras es desmedido. Al paso que vamos, aunque se les asignara todo el territorio nacional, sería poco para ellos. Una vez dilapiden estos 800 mil millones de pesos, harán otra minga para obtener nuevos recursos.

Por ello es urgente que el gobierno nacional diseñe políticas y estrategias para acabar de una vez por todas con esta alcahuetería.

Manizales, abril 07 de 2019.

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