Opinion

APUNTES DE JOTAEFE

UN RETROCESO INACEPTABLE

Por: José Fernando García Gómez – Profesor Universitario y Consultor en Administración Pública – Precandidato a la Gobernación de Caldas.

13 febrero 2019

La gestión pública basada en la ejecución del presupuesto fue proscrita como consecuencia de las recomendaciones de la Misión Currié que llegó a Colombia alrededor del año 1950, como pre requisito para la obtención de crédito internacional por 78 millones de dólares. Su ajuste se orientó al fortalecimiento de la planeación en Colombia con la creación del Departamento Administrativo Nacional de Planeación y Servicios Técnicos, DANPST y el Consejo Nacional de Política Económica y Planeación, mediante la Ley 19 de 1958. En materia de gestión pública se institucionalizó la figura de planeación “PPP” (Plan, Programa, Proyecto) que permitió la armonización de la programación presupuestal hacia un presupuesto por programas en coherencia con planes de desarrollo “progresivos establecidos o que se establezcan por la ley”.

La aplicación de tales disposiciones comenzó a evidenciarse con la promulgación del primer plan de desarrollo, conocido como el Plan Decenal (1.960-1970) denominado “Bases de un programa de fomento para Colombia – Estudio sobre condiciones del desarrollo de Colombia – Plan general de desarrollo económico y social”. A partir de 1970, cada presidente de la República adoptaría su plan general de desarrollo, como sucedió con Misael Pastrana Borrero (Las cuatro estrategias 1970-1974); Alfonso López Michelsen (Plan para cerrar la brecha 1974-1978); Julio César Turbay Ayala (Plan de Integración Nacional 1978-1982); Belisario Betancourt Cuartas (Plan cambio con equidad 1982-1986); Virgilio Barco Vargas (Plan de Economía Social 1986-1990) y César Gaviria Trujillo (La Revolución Pacífica 1990-1994), los cuales eran documentos orientadores inductivos y no imperativos para toda la nación.

Con la promulgación de la Constitución Política de 1991, se elevó a rango constitucional, artículo 339, la planeación en Colombia y se ordenó la expedición del plan general de desarrollo como ley de la República, en concurso entre el Presidente, elegido por voto programático y el Congreso. A partir de 1994 se promulgaron las siguientes leyes de Plan General de Desarrollo: El Salto Social 1994-1998 (Ernesto Samper Pizano, Ley 188 de 1995); Cambio para construir la paz 1998-2002 (Andrés Pastrana Arango, Ley 508 de 1999); Álvaro Uribe Vélez 2002-2006 (Hacia un Estado Comunitario, Ley 812 de 2003); Álvaro Uribe Vélez 2006-2010 (Estado Comunitario, desarrollo para todos, Ley 1151 de 2007); Juan Manuel Santos Calderón 2010-2014 (Prosperidad para todos, Ley 1450 de 2014); Juan Manuel Santos Calderón 2014-2018 (Todos por un nuevo país, Ley 1753 de 2015) y en curso la Ley del Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Iván Duque Márquez 2018-2022 (Pacto por Colombia, pacto por la equidad). 

Desde la institucionalización de la planeación en Colombia (1958) la separación funcional entre el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda se hizo evidente y necesaria. Al DNP le corresponde la planeación de largo plazo en materia económica, social y financiera, mientras a Minhacienda le compete la programación, ejecución y control presupuestal dentro de la anualidad, incluyendo las programaciones de caja (PAC). Así mismo, en coherencia con la planeación de largo plazo, el DNP se encarga del Plan Nacional de Desarrollo, sus programas y proyectos (metodología PPP) en coherencia con los objetivos nacionales mientras al Ministerio de Hacienda le corresponde la programación del presupuesto para hacer realidad las inversiones públicas (definidas en el Plan Nacional de Desarrollo) y hacer posible el funcionamiento del Estado. Esta separación funcional es necesaria, conveniente y funcional para evitar que se refundan en las mismas manos al planeador con el programador y ejecutor del presupuesto. Así ha funcionado por más algo más de 60 años y con muy buenos resultados en los cuales ésta separación de competencias y responsabilidades entre el DNP y el Ministerio de Hacienda ha impulsado al país hacia el desarrollo y ha evitado, en gran medida la concentración de poder en el ministerio de las finanzas.

Sorprende, entonces, que el Ministro de Hacienda y Crédito Público, al parecer sin el beneplácito presidencial, por las declaraciones dadas por el Presidente, pretenda concentrar dichas funciones en el Ministerio del Presupuesto y las Finanzas Públicas, tanto de las inversiones públicas como del funcionamiento del Estado. Es inaceptable ésta situación, planteada a través del artículo 35 del proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo, por un Ministro de cuyas ejecutorias existen muchas dudas. No se entiende ni el atrevimiento del Ministro Carrasquilla, ni la actitud pasiva y doblegada de la Directora Nacional de Planeación Gloria Amparo Alonso Másmela. Esta situación es totalmente inaceptable, pero a su vez es una propuesta de retroceso en la Modernización del Estado.

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