Por: Hernando Arango Monedero, Ingeniero y abogado, empresario, exrepresentante a la cámara, exalcalde de Manizales y Director General del SENA.
08 febrero 2019
Como de costumbre, nos pasamos por sobre lo trascendente y nos detenemos en la crítica. Así ha sido la semana que pasó, cuando los comentaristas de farándula, porque así se viene comportando la prensa en nuestro país, se solazan en la crítica a la Ministro de Justicia, por el hecho de haber enviado una carta a los Estados Unidos solicitando le sean enviadas las pruebas contra Santrich, que son fundamento del pedido por el que se ha requerido en extradición. Y la crítica se fundamenta en el hecho de que se envió una carta por correo certificado a ese país, por intermedio de la empresa estatal colombiana de correos. Y la carta, como era posible, se quedó enredada en Panamá, vaya uno a saber el por qué. Y vaya uno a saber también el por qué no hubo quién le hiciera seguimiento al envío, dada la importancia del mismo para un proceso judicial en ciernes.
Por supuesto, el mundo se le vino encima a la señora Ministro, y con razón por el descuido evidente en el procedimiento y, por, sobre todo, por no haber utilizado medios más expeditos, como serían el entregar la carta solicitando las pruebas requeridas por la JEP en la Embajada Americana en Bogotá, o haber enviado la carta a través del correo diplomático de la Cancillería, a nuestra Embajada en Washington. Crítica merecida, no cabe duda, pero crítica que se quedó en lo baladí, olvidando que lo importante estaba en juego, nada menos que un tratado internacional, con fuerza de ley, que ha sido respetado por Colombia una vez entró en operación.
Y es que el tratado de extradición es claro al no exigir a la Justicia Americana el envío de las pruebas que sustentan la solicitud de extradición de aquellos ciudadanos colombianos sobre quienes recae una acusación por delitos considerados en el tratado como materia del tratado. El tratado estima que el país solicitante informa sobre los delitos por los que será juzgado el ciudadano y se confía en que se tienen suficientes y sólidas pruebas como para adelantar el juicio ante un tribunal, pruebas que serán exhibidas en su momento y no antes. Así ha funcionado el procedimiento de extradición desde sus inicios y así ha sido respetado en el tiempo por Colombia, y la Corte Suprema de Justicia, en su respectiva Sala, examina la solicitud enviada y analiza la extradición del ciudadano implicado. Esta decisión es llevada al Señor Presidente, quién finalmente autoriza o no el envío del encartado.
Cuando el procedimiento establecido ha sido respetado por años, no se entiende el cómo esa prensa, crítica como pocas veces lo ha sido, se empecina en crucificar a la señora Ministro y pasa por alto el desafuero de la JEP, cuerpo este que más parece dedicarse a hacer la defensa del señor Santrich, que a establecer y decidir acerca de sí el hecho se produjo antes o después de la firma del llamado Acuerdo de Paz, como es lo debido Sí, sólo a eso debe referirse la JEP y por ningún motivo le es dado el trasgredir lo establecido en un acuerdo internacional. Desde luego que a los comentaristas que se abalanzan sobre los errores y torpezas de la señora Ministro poco les importa lo que es trascendente, porque lo trascendente es si el Tratado de Extradición se cumple o simplemente se desecha.
¡Ah! Y para completar, ahora se examinará si es conveniente para la paz en Colombia extraditar o no a Santrich. A lo mejor: ¿Al extraditarlo, las víctimas no tendrán reparación? ¿Acaso es más importante tenerlo aquí para que cuente lo que todos ya sabemos sobre su participación activa o pasiva en las atrocidades habidas en el conflicto? Al final, todo este análisis que ahora se propone, da para que la JEP determine su libertad y luego juzgarlo y quizás condenarlo a que asista cumplidamente al Congreso de la República los próximos años. Con tal condena, y una actividad social como “padre de la patria”, las víctimas quedarán reparadas.
¿Quedan dudas ??????
Manizales, febrero 5 de 2019.
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