EDITORIAL
02 diciembre 2018
A la inestabilidad jurídica que tantos problemas le ha traído al país, entre ellos, el permanente choque de trenes entre las Altas Cortes y la desconfianza de extranjeros para invertir en Colombia, se suma ahora la inestabilidad política generada por el proyecto de Acto Legislativo llamado “Reforma Política” que cursa actualmente en el Congreso.
Estamos a diez meses y pocos días para las próximas elecciones regionales y a estas alturas no se conocen las reglas de juego con las que se jugará.
El pasado jueves la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate que desde el 2019 las listas para las elecciones de asambleas departamentales, concejos municipales, los cuales se elegirán el 27 de octubre del próximo año, deberán estar conformadas 50 por ciento por mujeres y 50 por ciento de hombres, intercalados, esto es, un hombre y una mujer.
La otra gran novedad serán las listas cerradas dando por terminada la era del voto preferente. Se votará por un Partido más no por un candidato. Aún no existe claridad sobre los mecanismos para la conformación de éstas.
Esta determinación cambia completamente el esquema de la política actual. Por solo citar un ejemplo: El Partido Conservador en Manizales tiene cinco Concejales, todos hombres y con derecho propio para integrar la lista en las elecciones de octubre venidero. Lo lógico sería que estuviera encabeza por ellos cinco ordenados de mayor a menor votación, sin embargo, la norma dice que se deben intercalar mujeres; esto significa que el cuarto y quinto concejales actuales, ocuparían los lugares siete y nueve, dejándolos sin posibilidad alguna de salir electos. De aquí surgen varias preguntas. Entonces cuál será el mecanismo para la conformación de listas cerradas ?, las consultas internas ?, el poder del bolígrafo ?.
El gobierno del Presidente Iván Duque, la izquierda y los sectores independientes han manifestado públicamente su interés en aprobar esta reforma antes de finalizar el primer semestre del próximo año para empezar a aplicarse en octubre.
Esta decisión ha colocado en seria disyuntiva a muchos aspirantes para las próximas asambleas y concejos municipales. Los más sensatos han hecho un alto en el camino esperando lo que finalmente sea aprobado y quede como norma constitucional.
La incertidumbre entre los candidatos y los partidos políticos es total. Nadie se atreve a especular sobre los cambios que tendrá la forma de hacer política en nuestro país o si todo quedará como estaba. Mientras tanto el calendario electoral avanza y el tiempo se agota.
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