EDITORIAL
16 septiembre 2018
Dentro del proyecto de Reforma Política para combatir la corrupción en el país, hay algunas propuestas que deben ser analizadas en forma detallada.
Por ejemplo, es un error creer que en el salario de los congresistas se fundamenta el espíritu corruptor de muchos de ellos. No, eso es como buscar el muerto río arriba. A los parlamentarios corruptos lo que menos les interesa es el sueldo. Ellos van tras los contratos para asignarlos y cobrar comisión, los cupos indicativos para venderlos y las posiciones burocráticas desde las que se maneje presupuesto para direccionarlo. Estas cosas son el queso del ratón, eso es lo que tienen que quitarles.
El dinero que se ahorraría el Estado por este concepto es una gota de agua en el inmenso mar del hueco fiscal y sería obligar al parlamentario a buscar otras fuentes de ingresos lo que podría generar mayor corrupción.
La política es una actividad del ser humano como cualquiera otra. Pretender que solo una persona pueda ir al congreso durante tres periodos, o sea, doce años, es ilógico, además de ser antidemocrático, porque si el pueblo quiere elegir a alguien durante varias legislaturas, no se le puede quitar ese derecho.
Sería como pedirle a un médico, abogado o ingeniero que solo pueda ejercer su profesión durante doce años. Los parlamentarios entre más experiencia tienen más aporte hacen en la discusión de los diferentes proyectos en el Parlamento.
Iniciativas como las planteadas anteriormente tienen por objeto desincentivar la actividad política para que las personas prefieran dedicarse a otras profesiones.
Esa no es la solución en cuanto a lo que se refiere al Congreso. Ayudaría mucho el implementar normas efectivas de control y vigilancia, y limitarle a los parlamentarios su capacidad de injerencia en nombramientos, cuotas burocráticas y asignación de presupuesto, además de eliminar de una vez por todas la alcahuetería de los cupos indicativos.
Ni tanto que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre.