Por: José Oscar González Hernández. Se desempeñó como Alcalde de Pensilvania, Diputado a la Asamblea de Caldas, Personero de Manizales.
18 julio 2019
Definitivamente en nuestro país la polarización va a ser un estigma que acompañará al Presidente Duque por sus 4 años de gobierno. Las aguas estaban tranquilas en una calma chicha y el exministro Andrés Felipe Arias perdió en los tribunales de Estados Unidos su última opción que no fuera extraditado a nuestro país a pagar sus 17 años de la condena impuesta por la Corte Suprema de Justicia. Ahí fue Troya. Inmediatamente sus amigos vuelven a clamar que la doble instancia para el exministro es un derecho que le fue violado cuando se juzgó hace unos cinco años. Ante este argumento hay que decirlo con claridad y en forma vehemente que dicho derecho de los investigados aforados no les fue violado. Las leyes existentes en nuestro país ordenaban que dicha clase de aforados sólo tuvieran una sola instancia y ésta se surtía en la Corte Suprema, no en cualquier juzgado. Esa era le ley que imperaba en nuestro país en su momento y nadie dijo nada y así se juzgó a muchos.
Después de la huida del exministro se comenzó a agitar en el país el tema de la doble instancia, pedido que compartimos; pero para poder arropar con el beneficio de la 2ª instancia al doctor Arias se comenzó a hablar que dicho derecho debía ser retroactivo. Idea desafortunada y funesta por las consecuencias que puede traer de aprobarse retroactiva.
Si la segunda instancia de los procesos que hoy no la gozan, se aprueba y es retroactiva lo primero que hay que pensar en que todos los condenados por parapolítica, exministros y funcionarios se pueden acoger a que su proceso en donde fue condenado sea mirado por los funcionarios designados para tal fin. Aquí se debe crear una Sala en la Corte con nivel de magistrado de Corte Suprema, lo que implica que la burocracia crezca. Seguidamente vendrá la congestión judicial porque nos hablan que son cerca de 130 aforados juzgados sin segunda instancia y la tercera consecuencia de esta revisión de condenas y que resulten absueltos es la responsabilidad patrimonial del Estado a que estas personas tienen derecho. Miremos no más un caso de los condenados por el proceso 8.000 juzgados hace más de 20 años y que resulte absuelto. Como casi todos fueron congresistas, va a solicitar que sea resarcido por los dineros que dejó de percibir al ser condenado como parlamentario. Igualmente pedirá que como le truncó su carrera política y no pudo aspirar a la reelección pedirá que lo indemnicen; igualmente viene una parte delicada que es reconocer ante la opinión pública que él no era un corrupto y por ese deshonor ante todos los ciudadanos sí que valdrá la indemnización.
Como lo vemos, aprobar una ley con nombre propio tiene muchas dificultades para poder salir adelante. Y las dificultades no son nada, frente a los costos económicos que nos puede acarrear a todos los colombianos como consecuencia del fallo.
Recordemos no más la oleada de rechazo que se vivió en el país cuando la excandidata Ingrid Betancur solicitó una audiencia de conciliación, paso previo para una demanda de reparación, y toda la indignación que generó. Estoy de acuerdo con la ley de segunda instancia, pero no retroactiva.
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