EDITORIAL
Ante de la Reforma Constitucional de 1991, Colombia jurídicamente era manejado a través de dos Altas Cortes: La Suprema de Justicia y El Consejo de Estado.
Este ordenamiento jurídico austero ha venido cambiando, aumentando las Cortes lo que ha generado burocracia innecesaria y los famosos choques de trenes por conceptos jurídicos.
Ahora tenemos seis Altas Cortes: Suprema de Justicia, Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral y la Justicia Especializada para la Paz JEP, esta última creada por el Gobierno Santos y que podemos llamar “corte sastre” porque fue hecha a la medida de las Farc.
Cada una de estas Cortes tiene autonomía administrativa y financiera generando grandes gastos al erario público y una gran burocracia que se volverá insostenible.
Son alrededor de 200 magistrados de estas seis cortes, cada uno con sueldos elevadísimos, vehículos, conductores, secretarias y esquema de seguridad. Cuánto le cuesta eso al Estado ?
Además de estos aspectos de carácter burocrático y presupuestal, se presentan dificultades técnico jurídicas originadas por la diversidad de conceptos, sentencias y jurisprudencia, muchas veces con motivaciones no legales, generando inestabilidad jurídica que generalmente termina en demandas contra el Estado.
Un país con un desorden judicial como el nuestro, no puede funcionar adecuadamente. Ya es hora que el Gobierno Nacional se ocupe de este tema y se hagan los ajustes y reformas necesarias.
Manizales, abril 28 de 2019.
